En un insólito vídeo de 46 minutos con el aviso inicial de “este es quizá el discurso más importante que he dado jamás”, Donald Trump lanzó este miércoles por la tarde una nueva sarta de acusaciones infundadas de fraude electoral y llegó a señalar que el conjunto del sistema se encuentra bajo una “agresión y asedio coordinado”. El aún presidente republicano pidió al Tribunal Supremo que tome cartas en el asunto y redobló su apuesta por las teorías conspirativas al día siguiente de que el fiscal general de Estados Unidos, su aliado William Barr, asegurase que no habían hallado ninguna irregularidad a gran escala que pudiese cambiar el resultado de los comicios presidenciales, ganados por el demócrata Joe Biden.

Ni los pleitos perdidos, ni la certificación de validez de las autoridades republicanas ni tampoco la palabra de su propio Departamento de Justicia. Nada ha conseguido hasta ahora hacer cambiar de opinión a Trump, enrocado en la idea de que le robaron las elecciones y agitando toda una serie de hipótesis sin base ni pruebas: que en algunos Estados hubo más votos que ciudadanos, que en los territorios clave que debía ganar apenas se detectaron votos nulos, cuando lo normal es que haya más… En el vídeo de este miércoles, va más allá y pone en cuestión la democracia. El republicano sostiene que Joe Biden ha ganado de forma ilegal y, si los demás no lo ven, es que son cómplices.

En su relato resulta “estadísticamente imposible” que él haya perdido las elecciones, la empresa responsable de las máquinas de proceso y recuento, Dominion, es “sospechosa” y hay una serie de “fuerzas corruptas” que produjeron un “fraude a gran escala”. Así sostiene a lo largo de 46 minutos de vídeo, que la plataforma Twitter identificó como “discutido”, la expresión con la que alerta de que la información recogida puede ser falsa. Facebook lo acompañó con una nota recordando que Joe Biden es el presidente electo. “Estoy decidido a proteger nuestro sistema electoral, que está bajo asedio y un asalto coordinado”, insiste Trump, y apela al Tribunal Supremo a hacer “lo que es correcto”.

El Supremo sería el árbitro último de un caso de elección disputada, como ocurrió en 2000 en la que enfrentó al republicano George W. Bush y el demócrata Al Gore, pero entonces se produjo una incidencia clara e identificada en las papeletas de Florida que, en un escrutinio tan ajustado, podía resultar clave. Hasta ahora, ninguna especulación del equipo legal del presidente ha tenido base y jueces de los Estados clave con resultados de escaso margen, como Arizona, Pensilvania, Georgia, Michigan y Nevada, ya han fallado en su contra, lo que complica que el alto tribunal pueda llegar a escuchar sus quejas. El Tribunal Supremo de Wisconsin, otro de los territorios cruciales, comunicó este jueves que rechazaba oír el recurso del presidente.

El candidato demócrata venció al presidente republicano con amplio margen de votos populares o individuales: cerca de 81 millones frente a los 74 millones de Trump, lo que supone una brecha de cuatro puntos porcentuales. Traducido a votos electorales (que son los concluyentes, porque la designación del presidente es indirecta), Biden será presidente son 306 (270 ya dan la victoria), frente a los 232 de Trump. La victoria, en resumen, resulta tan contundente que solo una gran operación en la sombra, de la que ni autoridades republicanas ni demócratas han hallado rastro en todo el país, podría haber manipulado el resultado.

“Solíamos tener un día de las elecciones y ahora tenemos varios días de elecciones, incluso semanas o meses, y muchas cosas malas han pasado durante este ridículo periodo de tiempo”, se queja también. Como consecuencia de la pandemia, las presidenciales del primer martes de noviembre registraron un récord del voto por correo que demoró el conteo y, el resultado en varios Estados decisivos se hizo de rogar varios días, de modo que Biden no fue declarado ganador hasta el sábado siguiente. A partir de ahí, el escrutinio siguió, como ocurre siempre, pero esta vez el perdedor de las elecciones impulsó una batalla legal, hasta ahora infructuosa. Las acusaciones de Trump se ceban incluso en las autoridades de su propio partido, como en el caso de la hasta ahora republicana Georgia, que Biden ha ganado por apenas unos miles de votos.

“Señor presidente, parece que usted ha perdido el Estado de Georgia. Estamos investigando, hay siempre una posibilidad, lo entiendo, usted tiene derecho a ir a los tribunales; lo que tiene usted es la capacidad de dejar de inspirar a la gente que comete actos potenciales de violencia”, espetó el pasado lunes Gabriel Sterling, un alto funcionario republicano de Georgia, en una airada intervención ante la prensa por las amenazas lanzadas contra personas que han intervenido en el escrutinio. “Alguien va a resultar herido”, advirtió, “alguien va a recibir disparos, alguien va a ser asesinado”.

El 86% de los votantes de Trump respondieron en la semana posterior a las elecciones, en una encuesta de Yougov para The Economist, que creían en la teoría del fraude de su candidato. Mientras, la campaña de recaudación para la ofensiva legal -una ristra de pleitos en todos los Estados clave perdidos: Wisconsin, Pensilvania, Georgia…- le han supuesto ya unos ingresos de 170 millones de dólares. La campaña de Trump sigue adelante.

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