noviembre 5, 2020

Pese a que la corrupta Odebrecht reconoció haber pagado onerosos sobornos a altos funcionarios del Estado peruano -igualmente corruptos-, sus exigencias para seguir obteniendo grandes beneficios a cambio de, supuestamente, brindar la identidad de todos esos funcionarios que recibieron dinero ilícito de su caja 2 del departamento operaciones estructuradas, no se detienen.

Una de sus últimas exigencias, es que el Estado les garantice que licitará nuevamente el Gasoducto Sur Peruano, la megaobra más onerosa de nuestra historia y también, de acuerdo al avance de las investigaciones, la más corrupta, que ya va implicando a una exprimera dama, 5 exministros del gobierno del expresidente Humala, quien también viene siendo investigado por la Fiscalía de la Nación. De esta manera, la nueva concesionaria pagará el valor de sus bienes -que serán señalados unilateralmente por el consorcio conformado por Odebrecht, Graña y Montero y, Enagás Internacional- y, cuyo buen estado y utilidad para seguir el proyecto no están probados.

Que el Estado vuelva a licitar el gasoducto en las mismas condiciones provechosas para el concesionario, significa que la obra sea cofinanciada por el Estado; una concesión por 34 años; que el Estado garantice la reserva de gas suficiente a ser transportado por los ductos y la demanda para su consumo, pero de no lograr esto último el Estado deberá pagar la diferencia a favor de la concesionaria. Esto, sin sumar la vergonzosa sobrevaloración del proyecto y la suscripción de futuras adendas que inflarían aún más el costo inicial de la obra.

Obviamente, mantener todas estas condiciones sumamente ventajosas para la concesionaria, atraerá el interés de empresas para participar en la nueva licitación que la empresa brasileña quiere y exige se lleve a cabo, solo así, la “generosa” Odebrecht se desistiría de su demanda contra el Estado Peruano ante el CIADI donde exige el pago de US$1,200 millones, casi 6 veces más de la reparación civil negociada por el exprocurador Ramírez y la actual procuradora Silvana Carrión.

De este pago, como es obvio, resultarán también beneficiadas sus socias Enagás y la corrupta Graña y Montero y, el nuevo concesionario le cobrará al Estado el valor que pagó por esos bienes, más sus cuantiosas ganancias.

Pero ¿sabía Ud. que el Estado viene asumiendo los costos del cuidado, vigilancia y mantenimiento de los bienes de propiedad del consorcio ODB, GyM y, Enagás? Por increíble e indignante que parezca la respuesta es SÍ y lo hacemos a través de Osinergmin del Minem, esto, pese a que el contrato quedó resuelto por culpa del consorcio que no logró financiamiento y el Minem tan tranquilo espera pedir el reembolso de esos gastos, los mismos que a diciembre del 2019, ascendían a más de 370 millones y, en el presupuesto para el 2021 en plena crisis económica por la pandemia, el gobierno está disponiendo de 150 millones para el pago de este servicio.

Pero ¿Quién asegura al Minem que el consorcio nos devolverá esos pagos? ¿Es viable para los intereses del Estado seguir con el proyecto gasoducto? ¿Nos obligarán a comprar esos bienes al precio que a ellos les dé la gana y que podrían resultar inútiles? Pues, con la “rehabilitada” Odebrecht todo es posible a cambio de “su generosa información”.