noviembre 6, 2020

El Gobierno ha dado luz verde a la llamada tasa Netflix por el que las plataformas de vídeo bajo demanda como HBO, Disney TV, Amazon Prime, Rakuten, Filmin o la propia Netflix deberán contribuir obligatoriamente a financiar la producción audiovisual europea y española destinando a este fin el 5% de los ingresos anuales que generen en España, según consta en el anteproyecto de la nueva ley General de Comunicación Audiovisual.

De esta forma, las plataformas de series norteamericanas, cada vez con más presencia en el panorama audiovisual español, se suman a las cadenas de televisión privadas como Mediaset (Telecinco y Cuatro), Atresmedia (Antena 3 y La Sexta) y a los operadores de telecomunicaciones (Movistar, Vodafone y Orange) que ya están obligados a sufragar al cine español y a la televisión pública.

En concreto, las plataformas de vídeo que generen ingresos en España de más de 50 millones de euros deberán destinar el 5% de esa cantidad a la financiación de obra audiovisual europea o a la contribución al Fondo de Protección de la Cinematografía y, a su vez, de ese importe al menos un 70% para producciones independientes y un 40% para financiar películas españolas; las plataformas con ingresos menores de 50 millones y mayores de 10 millones, deben destinar el 5% de sus ingresos a producciones europeas y de esa cantidad un 70% para producciones independientes; las compañías de vídeo que facturen menos de 10 millones de euros al año, quedan exentas del pago de la tasa, parar al cine español.

En principio, YouTube queda fuera del pago de la tasa porque no está radicada en España y porque su principal actividad es el servicio de intercambio de vídeos y no la producción audiovisual, informaron en fuentes de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones.

Para su control, todas las empresas audiovisuales, incluyendo las plataformas de vídeo en streaming, deberán inscribirse en un registro, y aportar una serie de datos como número de suscriptores o cuotas cobradas en España, que será tutelado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Una labor que será decisiva para que la nueva tasa sea efectiva. Y es que la mayor parte de las plataformas de vídeo bajo demanda estadounidenses que operan en España declaran solo un porcentaje mínimo de su facturación en el país, desviando la mayor parte de los ingresos a sociedades interpuestas radicadas en Estados con fiscalidad más favorable como Holanda. Por ejemplo, Netflix declaró unos ingresos en España en 2018 de apenas 540.000 euros y HBO declaró 3,7 millones, cantidades ridículas si se tiene en cuenta que tienen millones de suscriptores.

En este sentido, fuentes de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, precisaron que para el cómputo de la nueva tasa se “tendrán en cuenta los ingresos reales, no las declaraciones fiscales” que puedan hacer cada una de estas plataformas.

La nueva ley audiovisual responde a la necesidad de transponer la directiva europea sobre la materia y entra ahora en un periodo de consultas hasta el 3 de diciembre para que las empresas afectadas y los grupos políticos puedan hacer sus alegaciones. Queda fuera de esta ley una posible aportación de las plataformas de vídeo a la financiación de RTVE, que el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero impuso a las televisiones privadas y los operadores de telecomunicaciones cuando retiró la publicidad de las cadenas públicas en 2009. No obstante, el Gobierno no descarta introducir también esa obligación para las plataformas de vídeo a través de otra ley, informaron fuentes de la Administración.

Otras obligaciones

En anteproyecto de ley no solo se refiere a la financiación audiovisual sino que adapta legislativamente otras materias como la protección de menores o la publicidad. Así, el contenido audiovisual referente al juego, esoterismo o paraciencia sólo se podrá emitir entre la una y las cinco de la madrugada. La nueva norma también prevé la corresponsabilidad en los prestadores de servicios audiovisuales de todo tipo al promover un mecanismo de corregulación para la descripción, calificación y recomendación por edad de los contenidos.

Asimimo, introduce una mayor flexibilidad en los límites de los anuncios para las televisiones en abierto y de pago. Así, se pasa del actual límite de 12 minutos por hora a un límite máximo de 144 minutos entre las 6.00 de la mañana y las 18:00 horas, y a un límite máximo de 72 minutos entre las 18 y las 24 horas. Desde un punto de vista cualitativo, se amplían las prohibiciones actuales de alcohol y tabaco a todos los prestadores de servicios de comunicación audiovisual.