Este miércoles 30 de setiembre se cumple exactamente un año desde que el presidente Martín Vizcarra decretó la disolución del Congreso de la República. Los parlamentarios de entonces, elegidos para el periodo 2016-2021, tuvieron que dejar sus escaños y se inició un proceso de transición con comicios extraordinarios celebrados en enero.

Los 130 nuevos congresistas -algunos de la conformación anterior- asumieron funciones el 16 de marzo pasado. En estos seis meses y 14 días de gestión, el Congreso transitorio reconoció una agenda de temas ya posicionados como la reforma política y la todavía pendiente elección de magistrados para el Tribunal Constitucional. También le surgieron otras prioridades, propias del contexto de la pandemia y la crisis sanitaria y económica.

¿Cumplió con las reformas políticas?

En estos seis meses del nuevo Congreso se destrabaron y aprobaron algunas reformas políticas. Entre ellas, la prohibición de candidatos con sentencia en primera instancia, algunos ajustes al financiamiento de partidos, la regulación de la democracia interna vigilada por entes electorales, y la creación de un distrito electoral para la representación legislativa de residentes en el extranjero. También se aprobó la paridad y alternancia en las listas de todos los procesos de elección popular (que no será aplicable para el Congreso de 2021). En contraste, se dejó de lado la eliminación inmediata del voto preferencial y también continúa sin resolverse la reforma constitucional respecto de la inmunidad parlamentaria.

La politóloga y ex comisionada de la Reforma Política, Milagros Campos Ramos, sostiene que, pese a no haberse conseguido la reestructuración integral, planteada por el Gobierno, el balance general es relativamente alentador. Esto, porque ya se han dado primeros pasos para el eventual reforzamiento de los partidos políticos y la elevación de la valla de idoneidad para los candidatos. 

“La crisis política [de la disolución del Congreso] y la crisis sanitaria con la COVID-19 bajaron totalmente las expectativas realistas de hacer una reforma integral. Pero, sin hacer una fotografía muy amplia en términos de la reforma, creo que se han dado pasos importantes. Tal vez, lo más importante es que, en el futuro, tendremos mayor previsibilidad respecto de candidaturas. En cualquier caso, lo que vemos es también que [con las normas] se trata de formalizar la política, de manera tal que, quien quiera ser candidato o candidata en elecciones, debe hacerlo a través de un partido político”, dijo Campos para este texto.

Percy Medina, representante en Perú de IDEA Internacional, también advierte que la reforma política ha quedado incompleta en relación a los objetivos originales. Sin embargo, agrega que los efectos de las modificaciones que sí se han logrado no necesariamente son inmediatos.

“Una reforma legal tiene alcances limitados. Simplemente, establece marcos para que los actores se muevan al interior de ellos y, en esa medida, genera incentivos o desincentivos. Pero eso no cambia dramáticamente las realidades y considero que es fundamental resaltarlo. Creer que porque se reforman algunas leyes vamos a tener partidos sólidos, enraizados, vinculados con la ciudadanía, políticos honestos, con trayectoria, con visión de largo plazo, estadistas… Es, lamentablemente, una ingenuidad. Eso no iba a ocurrir. Creo que hay muchos temas todavía por seguir trabajando, pero sí se puede reconocer que ha habido algunos avances en este Congreso a nivel de la reforma política”, explicó Medina.

La consideración para eliminar el voto preferencial de manera inmediata tuvo plazo hasta el 28 de setiembre pasado. Sin embargo, como lo informamos, el Congreso no agendó la discusión y, por tanto, este mecanismo seguirá vigente para 2021. En los días previos, la Asociación Civil Transparencia había reunido más de 15 mil firmas virtuales de ciudadanos a favor de la modificación. Adriana Urrutia Pozzi-Escot, presidenta de esta organización, recalca que la omisión ha bloqueado directamente los efectos de la reforma sobre la paridad y la alternancia.

“[El voto preferencial] es un mecanismo que no fortalece la democracia, sino que más bien genera una dinámica de competencia interna individualista. Claramente, la agenda [del Congreso] no es una agenda de fortalecimiento de la actividad parlamentaria. La consecuencia es que quedará limitada la reforma de paridad y de la alternancia, con lo cual no se logrará una igual participación de mujeres en la política y, por tanto, un fortalecimiento en la representación de los partidos”, declaró.

Un tema que quedó en segundo plano: la elección de magistrados al TC

Como se recuerda, la disolución del Congreso de 2019 se había producido en medio de una acumulación de conflictos con el Ejecutivo. El más evidente y determinante para la decisión de Vizcarra fue el relacionado a la elección de candidatos para el Tribunal Constitucional; sobre la cual el Gobierno había planteado una cuestión de confianza que fue desatendida. En dicho ente autónomo, seis de los siete jueces ya requieren un relevo por haberse vencido sus mandatos.

El último 24 de setiembre, la Comisión Especial formada en el Congreso para atender esta selección de postulaciones publicó un proyecto con el fin de sugerir modificaciones al reglamento. Consultada sobre este tema, la constitucionalista Gabriela Oporto Patroni señaló que es posible un enfriamiento del debate.

 “Jurídicamente, [los congresistas en funciones] están habilitados para realizar la elección de magistrados del TC. Sin embargo, y generalmente desde una perspectiva más política que jurídica, se analiza el tema de la legitimidad. ¿Qué tanta legitimidad hay para elegir magistrados cuando el mandato [del Congreso transitorio] está por vencerse? Entonces, esa es una respuesta que se tiene que ver a nivel político”, dijo Oporto.

Para Percy Medina, la exigencia sobre definir las bases de la elección de magistrados constitucionales ha quedado en un válido segundo plano, como consecuencia de los cambios que la pandemia ha impuesto sobre la labor legislativa. “Yo creo que hay que considerar que este Congreso entra en situaciones extremadamente difíciles e inusuales. Sin poderse reunir físicamente, sin poder relacionarse normalmente con la ciudadanía, y con espacios de diálogo y discusión limitados. Obviamente, hay muchas expectativas que no se han cumplido y una de ellas es la del TC. Hay una comisión creada, que ha avanzado, y sobre la cual habría que exigir cuidado y prudencia. Pero, nuevamente, considero que hay que delimitar las expectativas y reconocer que no había ninguna razón para asegurar de que este Congreso iba a resolver en pocos meses lo que otros no resolvieron en gestiones completas”.

¿Cuál es el balance general?

Si bien este nuevo Congreso se instaló a inicios de la crisis nacional por la COVID-19, no toda la agenda parlamentaria se volcó a la problemática social, económica y sanitaria. De hecho, se dieron espacios de crisis políticas y nuevos enfrentamientos con el Ejecutivo. La más reciente medición de poderes se produjo con la moción de vacancia presidencial contra Vizcarra.

Para la presidenta de la Asociación Civil Transparencia, la politóloga Adriana Urrutia, la relación tirante entre el Congreso y el Ejecutivo siempre será previsible en tanto no exista una bancada oficialista. Es precisamente, el caso del Gobierno actual, que tampoco responde a un partido político.

“Es muy complejo promover reformas o puentes de diálogo sin una bancada en el Parlamento. Lo que este Gobierno deja en claro y ejemplifica es que resulta una necesidad tener representantes en el Legislativo. Ha sido muy difícil para el Ejecutivo tender un brazo en el Parlamento, dialogar y poner en agenda los temas que le preocupan. Entonces, ese vaso comunicante, digamos, no existe y, efectivamente, ante la frustración, el Ejecutivo y el Legislativo han construido y mantenido una relación muy tensa”, expresó Urrutia.

La politóloga y ex comisionada para la Reforma Política, Milagros Campos Ramos, explica que las expectativas de recambio en la política parlamentaria a raíz de la disolución del Congreso se estrellaron con un sistema que aún requiere tiempo para evolucionar. “Que veamos cambios depende mucho de los actores políticos. Además, el balance de un año después de la disolución del Congreso debemos contextualizarlo dentro de situaciones excepcionales. La construcción de una democracia en el Bicentenario exige relaciones Ejecutivo-Legislativo no solamente en un marco de controles, sino también en un marco de colaboración, buscando gobernabilidad democrática. Creo que 200 años de independencia suponen algún tipo de madurez en esos términos”.

La legislatura actual del Congreso vence el 18 de diciembre. Posteriormente, iniciará una tercera y última, que va del 1 de febrero hasta el 16 de julio de 2021. De esta manera, se cumpliría el año de gestión del Parlamento transitorio.

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