noviembre 13, 2020

La recaudación por impuestos verdes no logra despegar. El año pasado los ingresos brindados por estos tributos se estancaron: aportaron a las arcas públicas españolas 22.050 millones de euros, un retroceso del 0,1% en comparación con el año anterior y el primer descenso en términos absolutos desde 2016. Así lo desglosa el Instituto Nacional de Estadística (INE) en los datos adelantados que publica este viernes, en los que apunta también a una disminución del peso de estos tributos sobre el total de la recaudación, del 8,1% al 7,9%. La contribución de los hogares a la factura final, por otro lado, aumentó: pagaron el 53,5% del total, 1,9 puntos más que en 2018.

La instantánea, sin embargo, no sorprende: España es uno de los países europeos más rezagados en cuanto a impuestos medioambientales. Según los últimos datos de Eurostat, relativos a 2018, los ingresos aportados por estos tributos supusieron un 1,8% del PIB frente al 2,4% de la media europea. Por ello, varios organismos nacionales e internacionales, como la OCDE, han hecho hincapié en varias ocasiones en que España tiene margen para subir estos gravámenes, una recomendación que el Gobierno de coalición ha tenido en cuenta en el diseño de su proyecto de Presupuestos para 2021.

Las nuevas cuentas públicas, que acaban de sortear las enmiendas a la totalidad en el Congreso, incluyen dos nuevos tributos medioambientales, uno a los envases de plástico y otro a los residuos, y una reducción a la bonificación del gasóleo. Los primeros dos impuestos recaudarían, según los cálculos del Gobierno, 1.352 millones de euros en 2021 en conjunto. La subida al diésel ―la bonificación se reduciría hasta los 3,8 céntimos por litro― por sí sola aportaría otros 450 millones en el año que viene y 50 el siguiente.

La modificación al impuesto sobre el gasóleo, que no afectaría al bonificado y profesional, está sin embargo en entredicho: el PNV y Ciudadanos, con los cuales el Gobierno está negociando para que den su apoyo a las nuevas cuentas, ya han pedido eliminar la medida. Por el otro lado, el FMI acaba de alertar de que, ante la dura crisis económica desatada por el coronavirus, hay que ir con los pies de plomo con las subidas fiscales.

El INE publica su estadística el mismo día que el organismo con sede en Washington da a conocer su último informe sobre España. El Fondo ha avisado este viernes de que la pandemia está aumentando la desigualdad en el país y ha subrayado que las alzas fiscales que repercutan sobre los colectivos de bajos ingresos deberían aplazarse hasta que el crecimiento económico recobre el pulso. En concreto, hace referencia a la subida del IVA a las bebidas azucaradas, también incorporada al nuevo proyecto de Presupuestos, y la reducción de la bonificación al diésel. En ambos casos, dos gravámenes indirectos que golpean más a la población con menos ingresos, en un momento en el que el consumo está estancado y las rentas peligran.

Impuestos sobre la energía

El INE agrupa los impuestos ambientales en tres categorías: los tributos sobre la energía, que suponen el grueso del total de ingresos (el 82,2% en 2019), sobre el transporte (13,4%) y los relativos a la contaminación y los recursos (4,4%). Los primeros redujeron su aportación en un 0,7% el año pasado, mientras que los segundos crecieron, respectivamente, un 3,2% un 1,9%.

Según el instituto estadístico, los hogares soportaron más de la mitad de la carga impositiva total: el 76,5% de los tributos sobre el transporte y el 52,5% de los gravámenes sobre la energía. Las ramas de actividad soportaron, por su parte, el 46,5% del total, al abonar el 96,9% de los impuestos sobre la contaminación y los recursos y el 47,5% de los tributos sobre la energía.