Una protesta de la plataforma Stop Desahucios en el País Vasco, en una imagen de archivo.
Una protesta de la plataforma Stop Desahucios en el País Vasco, en una imagen de archivo.

Los embargos en vivienda habitual se dispararon en España en el tercer trimestre del año, una vez superado el confinamiento del primer estado de alarma y su correspondiente ralentización de la actividad judicial y registral. Así, según los datos ofrecidos este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE), entre julio y septiembre se certificaron 1.804 ejecuciones hipotecarias inscritas, lo que significa duplicar la cifra del trimestre anterior (un 105,6% más) y sitúa el crecimiento interanual de este tipo de procedimientos en un 82,2%.

Junto con las viviendas habituales (es decir, aquellas donde vive la familia propietaria), también repuntaron con fuerza las ejecuciones de otro tipo de viviendas de particulares (segundas viviendas o casas destinadas a otros fines). Según el INE sobre este tipo de inmuebles se iniciaron 501 embargos, lo que supone un 39,1% más que un año antes (y casi un 91% más que en el trimestre previo). Por el contrario, los embargos de casas de personas jurídicas (un tipo de hipotecas que se asocia también a hipotecas solicitadas para respaldar algunas actividades empresariales) se redujeron un 44,2% interanual, hasta las 2.451 ejecuciones iniciadas.

En conjunto, sumadas las casas de personas físicas y jurídicas, los datos dejan un retroceso interanual del 17,2% en las ejecuciones hipotecarias. Si a la vivienda se suman otro tipo de fincas urbanas (locales comerciales, garajes, trasteros…) esa caída se amplía hasta el 29,6%, con un total de 8.230 procedimientos de embargo iniciados entre julio y septiembre. En cualquier caso, sí se observa un aumento trimestral (es decir, frente al segundo trimestre del año) en todas las categorías. Una explicación para ello es que el anterior periodo coincidió con el primer estado de alarma (vigente del 14 de marzo al 21 de junio), lo que paralizó buena parte de la actividad y dejó los juzgados y registros trabajando en servicios mínimos. La estadística del INE toma como fuente las certificaciones de ejecuciones hipotecarias inscritas en los registros de la propiedad de toda España.

El instituto estadístico también aclara en su nota que ese proceso, el inicio e inscripción en el registro de una ejecución, no siempre acaba en un desahucio, aunque esa es una de las posibilidades cuando se habla de personas físicas que han solicitado el préstamo para comprar la casa donde residen. Ese apartado, el de la residencia habitual, es precisamente el que más crece en el tercer trimestre. En el anterior, cuando prácticamente se desplomaron, se atribuyó parte de ese comportamiento a la moratoria hipotecaria aprobada por el Gobierno al inicio de la emergencia sanitaria. Esta consistía en permitir a las personas vulnerables a causa de la crisis posponer el pago de algunas cuotas. Y también se dispuso una línea de créditos. Las medidas estuvieron vigentes también en el tercer trimestre, aunque los datos publicados ahora por el INE apuntan a que no tuvieron tanta efectividad en ese periodo.

Otro aspecto que hay que tener en cuenta es que la estadística solo contempla a propietarios de vivienda. Desde hace muchos años, en España la mayor parte de personas que son expulsadas de sus casas viven de alquiler. Según las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial, que recaba el número de lanzamientos que practican los juzgados, la proporción es de unos siete inquilinos desahuciados por cada tres personas que son propietarias de sus viviendas. Los últimos datos disponibles también apuntaban a una fuerte paralización de los procedimientos en el segundo trimestre por el parón de la actividad en los juzgados y las medidas especiales aprobadas por el Gobierno (entre marzo y junio, 300 personas habían sido expulsadas de sus casas por impago de hipoteca, una cifra históricamente muy baja). Está previsto que la estadística judicial del tercer trimestre se conozca en breve.