diciembre 3, 2020

“Llevo 17 años en España y jamás he pedido ayudas. Hasta que llegó la pandemia, y tuve que pedir todas”, dice Yerkenia Ortiz, de 39 años y en paro, preocupada de que la echen del piso en el que vive junto a sus cinco hijos, en el distrito madrileño de Puente de Vallecas. “Me despierto cada mañana sin saber si dormiremos esa noche en la calle”, lamenta esta mujer dominicana. Ortiz entró a vivir en el piso con un contrato falso, un caso de estafa común: te alquila la casa alguien que no es el dueño, y luego desaparece.

Un portavoz de Unión de Créditos Inmobiliarios (UCI) explica que el piso ha sido vendido a un nuevo propietario, quien ha ofrecido retirar la denuncia si se marcha. “Si no tengo dinero para comer, ¿cómo voy a tenerlo para pagar un piso? No estamos viviendo, estamos sobreviviendo”, explica Ortiz, que ha declinado la oferta. Pilar Clua, de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), señala que la pandemia no ha incrementado los casos de estafa, sino que los ha destapado. En plena crisis, los afectados no pueden presentar un contrato de alquiler y por tanto no se benefician de las medidas que ha puesto en marcha el Gobierno para paliar la crisis. Ortiz lleva tres años en paro y no entra dentro de los criterios de vulnerabilidad por covid, porque su situación ya era precaria antes. “El subsidio de 430 euros se me terminó en marzo. Desde agosto solo cobro 285 euros del Ingreso Mínimo Vital. Con cinco hijos a mi cargo, debería estar en los 1.015 euros, pero hay un caos administrativo”, se queja. “Estoy abandonada por el sistema”.

“Se han olvidado de la gente vulnerable antes de la pandemia”, sentencia Natalia Palomar, abogada de la organización Provivienda. La pobreza genera muchas veces una gran factura emocional. “Siento que soy una máquina. Sin ocupación, dependiendo de otros, y siempre preocupada por si mañana me quitarán la casa. Siempre agitada”, narra entre lágrimas Ortiz.

“Nos tratan como números, no como personas”

A Maite Badenes, de 45 años, la desahuciaron el 11 de noviembre del piso de Fuenlabrada en el que vivía junto a su madre —propietaria del domicilio desde 1980— y sus dos hijas menores. Badenes pidió un crédito de 27.000 euros en 2015 para abrir un restaurante. El negocio quebró y no pudo devolver el préstamo, con lo que se ejecutó el aval hipotecario: la casa de su madre. La vivienda entró a subasta y la adquirieron en 2019 tres fondos. Maite intentó llegar a un acuerdo con ellos, sin éxito. Le ofrecieron 3.000 euros y una noche de hotel si se marchaban. “La pandemia ha precipitado el desastre”, explica.

“Nos tratan como números, no como personas”, denuncia esta madrileña. Badenes es víctima de violencia de género y vive con miedo desde que su agresor salió en octubre de la cárcel. Actualmente se aloja con su madre en el domicilio de una amiga, vecina de Fuenlabrada. Sus dos hijas viven temporalmente con compañeras del colegio. Cuando se produjo el desahucio, el Ayuntamiento de Madrid les ofreció un piso de acogida, pero Badenes lo rechazó. “Querían enviar a mi madre a una residencia. Nos ofrecen parches”, explica la afectada. Y añade: “Antes de producirse un desahucio, deberían obligar a las dos partes a negociar y mirar las condiciones personales de ambas”.

“Cuando te echan de tu vivienda no acaba el proceso, comienza otro muy tortuoso”, señala Daniel Vega, portavoz de la plataforma Stop Desahucios. Vega remarca la dificultad de los ciudadanos vulnerables para acceder a viviendas a precio de mercado, un problema que ya existía, pero que se ha agudizado con la crisis de la covid-19. Maite Badenes cuenta que ha conseguido un alquiler en Torrijos (Toledo), que pagarán con el subisidio que recibe y la pensión de su madre. “Gastaremos más de la mitad de los ingresos en el alquiler. No nos queda otra que malvivir”, denuncia.

“Solicitamos ayudas económicas que nunca llegan. Hay un vacío legal”

“Llevamos seis años en este piso, y nos quieren echar en plena pandemia”, dice Ismael Garrigós, de 43 años. “Me da miedo pasar las navidades en la calle”, agrega su pareja, Dilcia Aguilar, de 36 años. Viven en un piso del distrito madrileño de Legazpi junto a sus dos hijos menores desde 2014, cuando la PAH negoció con la gestora Solvia un alquiler social en 11 inmuebles. Ahora el contrato se ha acabado y el banco propietario ofrece como alternativa venderles el piso, pero los 48.000 euros que pide son inasumibles para ellos. El único ingreso estable es el sueldo de él: 733 euros netos como vigilante de seguridad. Para Aguilar, empleada de limpieza que encadena contratos temporales y precarios, el trabajo se ha vuelto más incierto con la covid. “Han puesto la vivienda a la venta por un precio ínfimo, buscan desentenderse lo antes posible”, denuncia Garrigós, quien sabe que esa venta acelera su salida.

La familia recibe apoyo de organizaciones como la PAH o Cruz Roja. “Nos asesoran legalmente, nos dan comida, le ofrecen a nuestro hijo refuerzo escolar gratis”, explica la pareja. “Se está dando una atención desde servicios sociales, cuando lo que se tiene que dar es recursos y apoyo desde las políticas de vivienda”, abunda Natalia Palomar, de Provivienda. La solicitud de ayuda al Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima) que la familia ha enviado hace meses sigue sin recibir respuesta. “La vivienda debería ser la primera medida sanitaria para protegernos de la enfermedad. Ahora mismo los desahucios son un peligro para todos”, zanja Garrigós.