noviembre 3, 2020

En un encuentro con algunos medios, entre los que se encontraba El País, el comisario europeo de Mercado Interior, Thierry Breton, ha desvelado alguno de los planes que tiene la Comisión Europea para las plataformas y redes sociales de Internet. Lo más relevante, enmarcado en el contexto de la nueva Ley de Servicio Digitales, Digital Services Act o DSA, es que desde Bruselas quieren hacer que las plataformas de Internet dejen de ser intermediarias para convertirse en responsables del contenido que los usuarios publicamos.

En cuanto a su cumplimiento, el comisario afirma que serán «extremadamente estrictos», y velarán para que las empresas no se impongan al Estado, como consideran que están haciendo hasta ahora. Sobre cómo se llevará a cabo un control tan estricto, la clave parece la creación de un órgano supranacional de supervisión que haga cumplir las nuevas normas planeadas por Bruselas. En dicho órgano habrá autoridades de los países desde donde elijan operar las plataformas extracomunitarias, pero también de la Comisión y de los países de destino.

Entre todos, realizarán supervisión comunitaria y no exclusivamente nacional. De hecho, aunque en principio las multas dependerán de cada país, El País recoge que desde Bruselas no descartan que la Comisión sea la que establezca las sanciones.

Los algoritmos, en el punto de mira

Facebook

Sin dar nombres, el comisario Breton ha puesto la atención en una de las prácticas de algunas plataformas con respecto a los algoritmos, y no es otra que el hecho de que estos den mayor visibilidad a contenidos polémicos que a otros, algo de lo que se ha acusado a YouTube o Facebook, entre otras. Breton cree que el comportamiento puede ser intencionado, y cree que cuando se trate de desconocimiento o negligencia, el asunto puede pasar por contratar más moderadores.

Pone como ejemplo el caso de una plataforma que se jactaba de tener dos moderadores para toda la República Checa, un territorio de casi 11 millones de habitantes y con lengua propia. En otros mercados sabemos que hay más cantidad de moderadores en grandes plataformas, aunque con un problema añadido para las personas que llevan a cabo la tarea: la moderación a menudo implica depresión y malas condiciones laborales.

Desde Bruselas esperan que la Digital Services Act se apruebe el próximo día 2 de diciembre (menos de un mes). Será un momento en que el Internet que conocemos puede cambiar para siempre, a falta de ver cómo cada Estado miembro hace la transposición de su contenido a las leyes nacionales.

En el artículo 15 de la vigente directiva del comercio electrónico, precisamente se establece que los países «no impondrán a los prestadores de servicios una obligación general de supervisar los datos que transmitan o almacenen, ni una obligación general de realizar búsquedas activas de hechos o circunstancias que indiquen actividades ilícitas». Todo eso puede cambiar con la aprobación de la nueva Ley de servicios digitales. De hecho, el artículo 13 de la polémica directiva de copyright también entraba en contradicción con ese artículo 15.

Qué cambia con respecto a la situación actual, y por qué puede ser problemático

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A falta de conocer el texto final y las implicaciones reales que acaba teniendo la nueva legislación europea, hemos querido hablar con Sergio Carrasco, jurista en Fase Consulting y profesor colaborador de la Universitat Oberta de Catalunya.

Respecto al actual marco regulador, de la directiva del comercio electrónico, «a través de una mayor responsabilidad, lo que se busca fomentar que los prestadores se vuelvan más proactivos a la hora de retirar contenidos«, señala Carrasco. Según el jurista, «actualmente existe una exclusión de responsabilidad que protege a los prestadores mientras no tengan conocimiento efectivo de la ilegalidad. Esta protección buscaba fomentar el desarrollo de nuevas tecnologías considerando al mismo tiempo la dificultad o imposibilidad de moderar la totalidad de contenidos que se pueden llegar a gestionar. Pensemos en el caso de YouTube, y el gran número de vídeos que se suben por minuto».

A falta de conocerla en profundidad, la nueva normativa europea puede suponer para la opinión lo mismo que el artículo 13 para los derechos de autor

En este caso, como en el de la reciente proposición no de ley de Podemos en España, vuelve a salir al debate la necesidad de contar con la figura de un juez para dirimir qué es y no delito de odio o contenido ilegal. En este sentido, Carrasco aprecia que «el problema principal es que se trata de una ponderación complicada de derechos, que es la razón para que dirima estas cuestiones un juez. Un prestador, en caso de duda, puede acabar retirando contenidos para no llegar a ser responsable, lo cual al final supone una restricción de derechos fundamentales«.

Buscando similitudes, nos parecía que la propuesta de Breton y la Comisión Europea podía ser una suerte de ‘Artículo 13’ de la directiva de copyright‘, pero enfocada a la libertad de expresión o a la generalidad de los mensajes en lugar de a los derechos de autor. Carrasco coincide con este análisis, pero añade un punto de vista importante, que el derecho a la libertad de expresión tiene mayor protección que los de copyright: «resultaría similar [al artículo 13], dirigido a los prestadores, pero al final aquí estamos hablando en todo momento de la libertad de expresión, que resulta un derecho susceptible de mayor protección».

En menos de un mes saldremos de dudas.