noviembre 10, 2020

Los próximos meses serán decisivos para las pequeñas y medianas empresas. Según la patronal, en la primera ola de la pandemia desaparecieron 100.000 negocios del tejido productivo español. Y eso que el país contaba con un plan de choque que el Ejecutivo puso en marcha a finales de marzo. Pero con los ERTE, que ya tienen fijada fecha de caducidad ―finalizan el 31 de enero―, y a pocos meses de cumplirse el año de carencia de los créditos con avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO), el sector pide una inyección para hacer frente a los nuevos confinamientos, que han vuelto a paralizar la economía de cara a la campaña de Navidad. “Nos enfrentamos a una segunda ola sin red, en la que serán nuestras acciones y decisiones las que salvarán nuestras empresas”, ha criticado Gerardo Cuerva, presidente de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme).

En la inauguración de las jornadas Adaptar la pyme a una crisis más larga, Cuerva ha asegurado que, tanto los ERTE como los avales ICO, han quedado “obsoletos” teniendo en cuenta las nuevas limitaciones horarias a hostelería y comercio y los confinamientos parciales. Aunque ha reconocido que los ERTE fueron “útiles para no engordar las listas del paro», también ha criticado que finalicen en enero mientras que el estado de alarma se pretende alargar hasta mayo. “Eso crea demasiada incertidumbre en el mundo de la empresa». El líder de la patronal de las pymes también ha exigido ampliar el periodo de carencia y de amortización de los créditos avalados por el ICO, extender la moratoria fiscal para las pymes y una legislación que facilite la negociación del precio de los alquileres de locales entre arrendador y arrendatario. En definitiva, ampliar las medidas tomadas durante la primera ola a los próximos meses.

Entre las dificultades a las que tendrán que hacer frente las más de 2.800.000 pymes de España, destaca el peso de la deuda, ya que deberán devolver tanto los préstamos contratados para sobrevivir a lo más duro de la crisis como abonar impuestos y pagar a los proveedores. El ICO aseguró la pasada semana que su índice de morosidad se situó en septiembre en el 4,1%, frente al 4,8% de los bancos. Sin embargo, las previsiones de la consultora Álvarez & Marshall, ponente de la conferencia, cifran en un 14% las pymes que entrarán en riesgo de impago ―y por tanto de quiebra― en el próximo año.

Para garantizar la solvencia de estas empresas durante esta segunda ola, Santiago Carbó, director de estudios financieros de Funcas, propone que siga fluyendo la financiación, pero solo a las empresas que sean viables debido a la “escasez de recursos”. “No podemos cometer el error de la crisis anterior de mantener vivas empresas que no tenían la capacidad de sobrevivir». Según Carbó, no fortalecer ahora al sector privado, como sí hacen otros países como Alemania, debilitará la posición de las compañías españolas cuando la crisis haya pasado. “Las empresas que reciban menos ayudas que sus rivales en otros países van a estar en una desventaja competitiva. No solo a corto plazo, sino a medio y largo plazo».

Más allá de la financiación, Ramón de la Sota, de Álvarez & Marshall, ha propuesto que las pymes acometan cambios en su estructura o en su modelo de negocio para sobrevivir a la crisis. El directivo opina que muchas firmas llevarán a cabo una reducción de costes para compensar la disminución de ingresos. Y eso conllevará despidos. “Calculamos que a partir de enero y febrero va a haber muchos anuncios de ERE. Sería muy oportuno, por parte del Gobierno, decir si va a haber una prórroga a los ERTE”.