El anuncio por parte del Gobierno del aumento del IVA del 10 al 21% para las bebidas azucaradas, una de las medidas que ha incluido en su Plan Presupuestario remitido a la Comisión Europea, ha generado un reguero de reacciones en la industria, que acusan al ejecutivo de “dar la puntilla” al sector de la hostelería, uno de los más afectados por las restricciones derivadas de la pandemia de coronavirus.

La Asociación de Bebidas Refrescantes (Anfabra) ha calificado la decisión de “injusta, discriminatoria y con un claro componente ideológico”. Ha asegurado, también, que se trata de “un duro golpe a la hostelería, al consumidor y a la industria de bebidas que paga impuestos en España (más de 500 millones) y contribuye a la activación de la economía”. Algo con lo que, a su juicio, esta decisión conlleva “dar la puntilla a la hostelería, un sector clave, ya que supone el 6,2% del PIB y genera 1,7 millones de empleos, y que a su vez es uno de los más afectados por esta crisis, con constantes restricciones y cierres».

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La Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) consideran, por su parte, que esta subida “solo tiene un efecto recaudatorio que, además, va a impactar más gravemente a las rentas más desfavorecidas, las más afectadas por la crisis”. Su director general, Mauricio García de Quevedo, ha señalado que “con esta medida, que va a retraer de manera considerable el consumo, el Gobierno demuestra también una gran falta de sensibilidad con un sector como el de la hostelería, gravemente afectado por la pandemia”.

Productos seguros

A esta corriente de descalificaciones se ha sumado también la Asociación de empresas de gran consumo (Aecoc), que agrupa a 30.000 empresas entre cadenas comerciales, industria alimentaria y hosteleros, con un peso conjunto en el PIB superior al 20%, para la que las medidas impositivas sobre alimentos, bebidas, o ingredientes «no son la herramienta más eficaz para combatir un problema de salud multifactorial como es la obesidad y en el que intervienen factores individuales, ambientales y del entorno, entre otros”. “Lejos de implantar subidas impositivas, la situación actual requiere de medidas destinadas a dinamizar el consumo, el empleo y la competitividad empresarial”, han reclamado.

La voluntad del Gobierno de que con esta medida se favorecerán “hábitos más saludables” ha sido otro de los mayores puntos de discrepancia con el sector, desde el que se niega rotundamente este argumento. “El sector de bebidas refrescantes apuesta por la promoción de hábitos saludables y por compromisos voluntarios, entre los que se incluye la reducción del contenido de azúcar puesto en el mercado procedente de estas bebidas, que ya ha alcanzado un 35%, entre 2005 y 2018”, asegura Anfabra, que señala que estas bebidas «son productos seguros y evaluados por la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA)”. Además, han advertido que esta decisión tomada por España “se desmarca de la tendencia general que se está siguiendo en Europa, donde ocho países ya han aprobado una reducción del IVA con el fin de reactivar el consumo: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Grecia, Reino Unido y Lituania)”.

“Estas medidas no cambian hábitos y además no tienen ningún efecto probado sobre la salud, ya que la obesidad y el sobrepeso tienen un origen multifactorial”, se ha sumado García de Quevedo.