Entre la primera clínica de Dentix que Ángel Lorenzo Muriel abrió a principios del año 2000 en el madrileño barrio de Pueblo Nuevo, y la que esta empresa, que el pasado lunes decidió acogerse a un concurso de acreedores, posee en el distrito de Santutxu, en Bilbao existen alrededor de 400 kilómetros de distancia. Sin embargo, las estampas de los clientes que abandonan sus instalaciones en los últimos días resultan idénticas en las 48 ciudades españolas en las que la cadena tiene alguna de sus consultas.

“Lees lo que está pasando y te sientes totalmente desmoralizado”, confiesa Gervasio Delgado tras cruzar las puertas de cristal de la clínica bilbaína junto a su mujer, también clienta de Dentix, que tres días después de que Muriel formalizase el comienzo de disolución de la empresa todavía permanece abierta. Delgado había acordado llevar a cabo un tratamiento valorado en 10.000 euros y financiado durante 18 meses. Sin embargo, el cierre de las oficinas durante los meses de confinamiento ralentizó los tiempos de las intervenciones que tenía programadas, y una vez que las clínicas volvieron a recibir clientes no encontró la forma de concertar una cita vía telefónica. Por eso decidió acudir con su mujer presencialmente para solicitarla y preguntar por su situación. “Nos han dicho que hasta dentro de un mes no sabrán qué pasa con ellos. Yo lo que quería era que me dieran un documento en el que aparezca qué es lo que me han hecho en la boca en todo este tiempo, para saber cuánto dinero supone de lo que me habían presupuestado”, detalla.

La suya es la situación más común en la que se encuentran la mayoría de los pacientes afectados, que podrían llegar hasta los 100.000. El modelo de Dentix utiliza la financiación de los tratamientos como gancho para atraer clientes. De hecho, aunque en origen era la propia empresa la que ponía el dinero para estos préstamos, acabó finalmente financiado principalmente por la multinacional Kohlberg Kravis Roberts (KKR), BBVA y Celetem —que pertenece a BNP Paribas—, ahora acreedores. EL PAÍS ha intentado sin éxito recabar la versión de la empresa.

La entrada en barrena de Dentix, que en España tiene 217 clínicas y llegó a poseer 370 por todo el mundo —59 en Italia, 52 en Colombia y una en Chile, de las que se desprendió en abril; 39 en México, tres en Reino Unido y una en Portugal—, se suma a los fiascos recientes de Funnydent (2016), Vitaldent (2016) e iDental (2018). “Es un modelo de negocio que se ha creado dentro del sector de la odontología desde hace bastantes años basado en el marketing y la mercantilización de la sanidad privada”, resume Rubén Sánchez, secretario general de FACUA. Según las recomendaciones de esta organización que vela por los derechos de los consumidores, los clientes que tengan financiados sus tratamientos pueden acordar suspender el pago del préstamo e incluso reclamar la devolución de las cuotas ya abonadas. De hecho, Celetem acordó este viernes la devolución de los 1.157 euros que una paciente adelantó por un tratamiento que nunca recibió, y anuló los 9.344 que le otorgó para financiarlo. Los que lo hayan adelantado se convertirían directamente en acreedores.

“El dinero es algo que sí, que pueden llegar a devolverte, pero ¿qué hacemos con la boca? ¿Esto quién lo termina?”, se pregunta Delgado, que reconoce no querer dejar de pagar una de las cuotas que le vence en los próximos días por miedo a que después no quieran atenderle en el banco.

“He venido para que me dieran una cita para hacerme un tag porque por teléfono no había manera y con todo esto que está pasando estoy muy enfadada”, reconoce otra clienta que prefiere guardar el anonimato. “Me dicen que no tienen cirujanos suficientes y no pueden programar las intervenciones. Se me ha caído una tapa y no me dan una solución”, protesta. “Han cambiado a todo el personal. No está la misma doctora que me atendió, ni los chicos de la recepción son los mismos tampoco. Los han traído de otra clínica”, reconoce Evaristo Montaña. En su caso le dijeron que “sabrían qué sería de la clínica en quince días”.

La ‘obligatoriedad’ de un seguro en caso de quiebra

El forzoso cierre de las clínicas por el coronavirus supuso un golpe colosal para Dentix, que en marzo presentó un ERTE para 3.200 empleados, casi la totalidad de su plantilla. Aunque desde entonces llegó a reincorporar al 30% del personal, el servicio se resintió y muchos pacientes quedaron desasistidos. “Cuando estalló el escándalo de iDental hace dos años nos dirigimos a la ministra de sanidad, que entonces era Carmen Montón, y le trasladamos una serie de reivindicaciones y reformas normativas del sector de las clínicas privadas. De entre ellas la prioritaria era la obligación de que todas ellas contasen con un seguro de responsabilidad civil, con independencia del seguro que pudieran tener los odontólogos, que cubriera el riesgo de cierre o quiebra. Nunca recibimos respuesta”, lamenta Sánchez.

“Ahora tenemos otro ministro de Sanidad y uno de Consumo, y creemos que tanto Illa como Garzón se deberían de implicar y trabajar en una modificación normativa que garantice esa protección”, concluye.