septiembre 28, 2020
Tres jubilados caminan por un parque.
Tres jubilados caminan por un parque. / Europa Press

La Autoridad Fiscal (Airef) ha revisado sus previsiones sobre el gasto del sistema de pensiones hasta 2050 y los parámetros que lo determinan. Entre estos últimos está la esperanza de vida, que es un factor clave. Y en ella se observa que el organismo que preside Cristina Herrero prevé que este año la covid-19 reduzca la esperanza de vida casi un año, tanto para hombres (de 80,7 años a 79,8) como para mujeres (de 86,1 años a 85,3). No es su primer retroceso, pero sí el mayor de la serie que registra el INE desde 1975.

No obstante, esta caída quedaría solo restringida a 2020. Al año que viene se retornaría a la senda habitual, normalmente ascendente. Esta, como otras consecuencias de la covid-19, no han sido consideradas estructurales a la hora de hacer las previsiones sobre el futuro gasto del sistema de pensiones, según ha explicado Herrero en la presentación del informe, que en esta edición ha elevado algo más el gasto previsto para 2050, el equivalente a un 14,2% del PIB.

Ese gasto previsto para el futuro se plantea en un escenario en que se aplica plenamente la reforma de 2011 —la que retrasa la edad legal de jubilación hasta los 67 en 2027— y en el que entre en vigor en 2023 el factor de sostenibilidad, que ajustaría la paga inicial de los pensionistas a la esperanza de vida en el momento de jubilarse. No obstante, la Airef señala que para resolver el reto de las pensiones a medio y largo plazo son necesarias más reformas: su opción es “profundizar” en el camino abierto en 2011. La propia Herrero ha explicado que esto se traduce en explorar el incremento de años cotizados que se toman para calcular la pensión. En 2022, por la misma reforma de 2011, se llegará a los 25 años: Herrero ha hablado de 35. También contempla el retraso de la edad efectiva de jubilación, una apuesta que también ha defendido su antecesor en el cargo y ahora ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá. Elevarla hasta los 66 ahorraría el gasto equivalente a 1,4 puntos de PIB.

La presidenta de la Airef también ha señalado que hay que alentar el ahorro privado, aunque no le ha otorgado un papel clave a la hora de resolver el futuro de las pensiones. “No podemos pretender que esta sea una solución decisiva […] ni lo sería en términos de equidad”, ha apuntado, aunque sí la ha defendido como válida para determinados colectivos, sin precisar más.

Como viene diciendo desde hace tiempo, y como se apunta en el Pacto de Toledo, la Autoridad Fiscal defiende una mayor transferencia de fondos procedentes de impuestos para pagar las pensiones de tal forma que al final el déficit no se anote en la cuenta de la Seguridad Social sino en el conjunto del estado. Justifican esta posición como una herramienta para reducir la incertidumbre sobre el futuro de las pensiones y que los trabajadores tomen sus decisiones con más tranquilidad. También porque en el conjunto de la Administración hay más margen de actuación que en el seno del instituto público.

Para hacer ese trasvase de déficit, la Autoridad Fiscal propone que se paguen con impuestos políticas que ahora se financian con cotizaciones (tarifas planas, políticas activas de empleo) o que se destinen a pensiones parte de las cuotas que se recaudan para desempleo.