El comisario José Manuel Villarejo se dirige hacia los juzgados de Plaza de Castilla, en Madrid, en junio de 2017, cinco meses antes de su detención.
El comisario José Manuel Villarejo se dirige hacia los juzgados de Plaza de Castilla, en Madrid, en junio de 2017, cinco meses antes de su detención.

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, instructor del caso Villarejo, ha citado a declarar en calidad de imputados a los exjefes de seguridad de Repsol YPF, Rafael Araujo, y de CaixaBank, Miguel Ángel Fernández Rancaño, por su presunta implicación en la contratación, en 2011, del comisario José Manuel Villarejo para espiar al entonces presidente de Sacyr Vallehermoso, Luis del Rivero. El objetivo de los trabajos supuestamente encargados al policía —y que fueron bautizados por este como Proyecto Wine— era conseguir información comprometedora de Del Rivero y su entorno para intentar torpedear los intentos que este había puesto en marcha para hacerse con el control de la petrolera con la ayuda de la mexicana Pemex. Del Rivero ya fue víctima del espionaje de Villarejo por encargo del BBVA, hechos investigados en otra pieza de la causa.

García-Castellón también ha llamado como investigados por estos hechos al propio Villarejo, a su socio, el abogado Rafael Redondo, y al que fuera subdirector de seguridad corporativa de Repsol, Rafael Girona Hernández, actualmente desvinculado de la compañía. A los cinco les imputa delitos de cohecho y descubrimiento y revelación de secretos.

La investigación forma la pieza separada número 21 de la macrocausa en la que se investigan las actividades delictivas de la trama policial encabezada por el comisario jubilado, ahora en prisión. Esta pieza se abrió en diciembre de 2019 y permaneció bajo secreto judicial hasta el pasado 18 de octubre. Tres semanas después, la Fiscalía Anticorrupción presentó un escrito en el que, a la vista de los numerosos indicios documentales recabados, incluidas grabaciones, solicitaba al juez nuevas diligencias, entre ellas la imputación de los cinco presuntos implicados identificados hasta ahora.

Como en otras piezas de la causa, las pesquisas han revelado que Repsol YPF y CaixaBank —que era accionista de la petrolera— contactaron con el policía a través de los que entonces eran sus jefes de seguridad, y que con anterioridad habían sido comisarios de Policía con altas responsabilidades. Araujo se encontraba en excedencia voluntaria, mientras que Fernández Rancaño estaba ya jubilado.

Información confidencial

En el auto, adelantado por La Información y al que ha tenido acceso EL PAÍS, el magistrado señala que el objetivo de los ahora imputados era impedir que Del Rivero —que entonces presidía la constructora Sacyr, con una participación en Repsol— consiguiera, con la ayuda de la mexicana Pemex, hacerse con el control de un tercio de las acciones de petrolera española, con lo que hubiera tenido el control de esta y desbancado a su presidente, Antonio Brufau, con el que estaba enfrentado. Para ello, el policía y el resto de los ahora imputados planearon apartar a Del Rivero de la constructora, así como a su hijo y a su colaborador Rodrigo Álvarez Vázquez, que era el jefe de seguridad de Sacyr. Para ello, acordaron buscar información sensible tanto de ellos como de su entorno, incluida la esposa de Del Rivero y del antiguo director financiero de Repsol YPF, Fernández Ramírez Mazarredo.

Los trabajos se ejecutaron en los últimos meses de 2011 y la primera mitad de 2012, e incluyeron el acceso a datos confidenciales de las víctimas, incluido sus tráficos de llamadas y un estudio de sus propiedades. Un documento apunta a que, incluso, se estudió “el balizamiento de un medio de transporte” utilizado por alguno de los espiados para conocer sus desplazamientos, aunque no consta si finalmente se hizo.

El juez señala que Villarejo planteó a los exjefes de seguridad de Repsol YPF y CaixaBank dos formas de pago. La primera incluía un primer pago de 450.000 euros y un segundo de 475.000 a abonar solo si el trabajo tenía éxito. La segunda, más económica, incluía un primer pago de 375.000 euros y un segundo de 300.000 euros pasado un mes. En este caso no se aseguraba el éxito. Para justificar sus elevados honorarios, el comisario aseguraba que iba a utilizar 12 coches y cinco motos para vigilancias, además de otros tres como “base de comunicaciones”, así como numerosos equipos electrónicos e informáticos, como sistemas de audio para grabaciones “en ambientes hostiles”, cuatro dispositivos de contramedidas, ocho de interceptación de comunicaciones y software para acceder a bases de datos.

La Policía ha localizado en las cuentas de la principal sociedad de Villarejo, el Grupo Cenyt, cuatro abonos con cargo a sociedades de Repsol YPF y otros tres a Caixabank por un total de 413.600 euros. También ha localizado cuatro facturas giradas por la sociedad del comisario jubilado para cobrar parte del encargo y que aparecían bajo el concepto “servicios de análisis de información y seguridad”. El juez ha pedido a la policía que rastree sus bases de datos para saber si se accedió a ellas de manera irregular para conseguir información de las víctimas y ha citado a declarar como testigos y perjudicados a Luis del Rivero, que ya está personada en la pieza, y los otros dos espiados, Álvarez Vázquez y Ramírez Mazarredo.