septiembre 18, 2020
Una mujer pasa ante una oficina de empleo en Madrid.
Una mujer pasa ante una oficina de empleo en Madrid.JuanJo Martín / EFE

A pesar de las primeras reticencias, Gobierno y sindicatos han acordado incluir la modalidad del teletrabajo para el conjunto de los trabajadores públicos de las distintas administraciones, y que podrán acogerse a él una vez sea formalizada su inclusión en el Estatuto Básico del Empleo Público el próximo lunes, 21 de septiembre, tras el debate en la Mesa General de las Administraciones Generales. En este foro estarán representadas comunidades autónomas y Ayuntamientos, además de la Administración General del Estado y los sindicatos.

Por primera vez, más de tres millones de empleados públicos (tanto funcionarios como personal laboral) podrán acceder al trabajo no presencial de manera voluntaria y reversible, una de las principales reivindicaciones de los sindicatos. Del mismo modo, el personal que opte por el teletrabajo “tendrá garantizados los mismos derechos y obligaciones que aquellos que acudan a su puesto de manera presencial”, según asegura CSIF.

Ante esta nueva posibilidad, serán las administraciones las que estimen el porcentaje del servicio que podrá realizarse mediante el teletrabajo, para de este modo combinar la presencialidad y el trabajo a distancia y garantizar la atención presencial a la ciudadanía. Del mismo modo, será la Administración quien provea al personal que trabaje en remoto de los medios tecnológicos necesarios para llevar a cabo su actividad, y se ocupará de su mantenimiento.

Conciliación vida laboral y personal

“CSIF valora de manera positiva este acuerdo y espera poder abrir cuanto antes la negociación en otros ámbitos, como las retribuciones o la oferta de empleo público, ante las dificultades y la presión de las plantillas en áreas como la sanidad, la educación, los servicios de empleo o la seguridad social, como consecuencia de la pandemia por el Covid-19”, ha señalado el sindicato en un comunicado. “Valoramos también que el teletrabajo es una medida que favorece la conciliación de la vida laboral y personal, flexibiliza horarios de una manera más racional, previene riesgos laborales y protege la salud. Sin duda, disminuye el impacto ambiental, reduce costes en infraestructuras y mejora la integración de personas con discapacidad o en rehabilitación tras enfermedad”, añade.

Para CC OO, sin embargo, “quedan aspectos que clarificar y trabajar, como la regulación negociada de las circunstancias excepcionales”. Este sindicato considera “imprescindible que se ponga encima de la mesa un calendario y se inicie inmediatamente la negociación sobre los Presupuestos Generales del Estado y de un III Acuerdo para la mejora del empleo y las condiciones de trabajo de las empleadas y empleados públicos que permita avanzar en temas como el empleo, la estabilidad de las plantillas, los derechos laborales y la recuperación del poder adquisitivo perdido en estos años”.

La delicada situación sanitaria por la que atraviesa el país, unida a las medidas de confinamiento que se han llevado a cabo en los últimos meses, han derivado en que cada vez sean más las personas que se acojan a la modalidad del teletrabajo. Según un estudio reciente de Ramstad, son ya 3.015.000 los españoles que desempeñan su labor a distancia.