septiembre 27, 2020
Ursula Von Der Leyen, presidenta de la Comisión Europea
Ursula Von Der Leyen, presidenta de la Comisión EuropeaDPA vía Europa Press / Europa Press

El impacto de la pandemia de la Covid-19 está trastocando nuestras vidas y la economía, incluidos los mercados financieros. El temor a un aumento de los créditos fallidos en la banca por un segundo confinamiento ha disparado las alarmas.

El BCE trata de evitar que se repita lo ocurrido tras la crisis de 2008 en que un puñado de fondos de inversión estadounidenses adquirió a precio de saldo la mayoría de créditos fallidos de la banca europea (500.000 millones de euros). Unas operaciones, que devaluaron drásticamente el valor de los préstamos agravando las dificultades de los bancos y perjudicando a los deudores. El BCE planea abrir este mercado para que concurran muchos más inversores y deje de estar dominado por un reducido grupo de fondos, como Blackstone, Cerberus y Lone Star.

Hasta ahora Europa no ha podido con los gigantones de las finanzas globales. El pasado noviembre, el vicepresidente de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, respondiendo a preguntas una eurodiputado Ernest Urtasun (Verts /ALE) sobre el perjuicio a los consumidores por “el traspaso masivo de las carteras inmobiliarias a fondos buitre”, indicó que una nueva Directiva establecerá que los compradores de préstamos deberán cumplir las normas de protección de los consumidores.

La propuesta de directiva de 2018 aboga por crear unos mercados secundarios de préstamos dudosos que sean más competitivos. La iniciativa, sin embargo, ha sido criticada por Finance Watch por no abordar los problemas de fondo del sistema financiero como la falta de transparencia. La asociación europea de consumidores BEUC ha censurado la propuesta de directiva porque el mercado secundario que prevé “permitiría a los bancos vender fácilmente préstamos deteriorados a terceros inversores incluidos los denominados fondos buitre”.

Lo cierto es que los fallidos crecen por la Covid-19. Oliver Wyman ha señalado que las pérdidas crediticias acumuladas en la banca europea entre 2020 y 2022 pueden pasar de 400.000 a 830.000 millones de euros si se agrava la epidemia. Andrea Enria, presidente de la supervisión del BCE, elevó el pasado viernes estos deterioros a 1,4 billones de euros.

La falta de regulación de los grandes fondos de inversión ha sido nefasta para la economía y sobre todo para los ciudadanos que no pudieron pagar sus créditos y perdido sus viviendas. No es un problema irresoluble. En Navarra, una ley recurrida ante el Tribunal Constitucional por el Gobierno, pero vigente, permite al deudor liberar la deuda si paga la cantidad por la que la adquirió el fondo, a veces el 5% de su valor. Otras comunidades como Cataluña establecieron normas similares pero fueron anuladas por el Constitucional.

Estos fondos han invertido en España más de 130.00 millones de euros desde 2017, según Prime Yield. Las víctimas de estas operaciones han sido defendidas prácticamente en solitario por determinadas entidades como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca o el Sindicato de Inquilinas. El BCE y la Comisión deberían aprovechar la regulación a la que se ven forzados para crear un mercado transparente que no agreda a los ciudadanos.