Un grupo de vecinos celebra la paralización de un desahucio, la semana pasada en Barcelona.
Un grupo de vecinos celebra la paralización de un desahucio, la semana pasada en Barcelona.Albert Garcia / EL PAÍS

La negociación del nuevo decreto antidesahucios avanza. Las conversaciones entre representantes del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (el antiguo Fomento, que tiene las competencias estatales en Vivienda) y de la Vicepresidencia de Derechos Sociales —dirigidos respectivamente por el PSOE y Unidas Podemos, las dos almas del Ejecutivo de coalición—han sido continuas en los últimos días para perfilar un acuerdo en el que quedan escollos por superar. Pero uno de ellos ya no estará sobre la mesa en la reunión prevista para este miércoles. Según fuentes de Transportes, hay coincidencia en que la norma contemple también casos de personas que ocupan viviendas en precario, es decir, sin contrato de alquiler ni ningún título jurídico que les habilite para residir en esa casa.

Esta era una condición que ponía Unidas Podemos, de hecho se contemplaba en la enmienda presupuestaria que presentó junto a ERC y Bildu, y era considerada hasta hace poco como uno de los principales obstáculos para el acuerdo por ambas partes. Según las fuentes antes citadas, partiendo siempre de la base de que nadie se quede en la calle en un momento en que las autoridades piden a la gente que permanezca en casa por la pandemia, la propuesta del Ministerio que preside José Luis Ábalos es que el decreto contemple dos situaciones diferentes, en función de si el hogar al que se pide desahuciar tiene o no contrato de alquiler.

En el primer caso, que básicamente se refiere a inquilinos que no pagan, la novedad consistiría en ampliar las medidas actuales a personas que ya eran vulnerables antes de la emergencia sanitaria. El pasado marzo el Gobierno aprobó medidas que impiden expulsar a inquilinos vulnerables por la pandemia, que luego se ampliaron en dos ocasiones y actualmente contemplan su aplicación hasta el 31 de enero. Pero para que esa moratoria sobre el desalojo surta efecto, el arrendatario tiene que demostrar que su vulnerabilidad deriva de la covid (por verse afectado por un ERTE o despido posterior al inicio del primer estado de alarma y que sus ingresos hayan caído sustancialmente). El futuro decreto simplificará eso y bastará con acreditar la vulnerabilidad para que el juez suspenda la ejecución del lanzamiento temporalmente. ¿Hasta cuándo? La propuesta de Transportes es hacerlo hasta la fecha en que finaliza el actual estado de alarma, el 9 de mayo.

La segunda parte de la normativa antidesahucios debe dar respuesta a aquellas situaciones en que las familias desahuciadas se encuentran en circunstancias tan precarias que ni siquiera tienen un contrato de alquiler. Transportes busca que este supuesto se diferencie claramente del anterior y se encauce de manera distinta, por lo que falta por definir mucha letra pequeña en el pacto. El Ministerio propone que el juez pueda paralizar temporalmente un desalojo hasta que la familia tenga un lugar alternativo donde vivir. Actualmente la Ley de Enjuiciamiento Civil, que regula la ejecución de los lanzamientos por parte de los juzgados, ya contempla algo parecido, aunque solo durante un periodo de tiempo determinado (un mes si el propietario es un particular y tres si es una empresa) tras el cual el proceso continúa aunque no se haya encontrado una alternativa.

Alternativa “efectiva”

Ese es precisamente uno de los aspectos que faltan por definir, según una fuente conocedora de las negociaciones. Unidas Podemos cree que debe haber “una alternativa habitacional efectiva”. En ocasiones sucede que una familia es desahuciada cuando ya tiene concedida una vivienda social, pero dicho derecho todavía no se ha hecho efectivo. La manera de garantizar que ninguna persona familia sea expulsada de una casa sin tener otra y también el periodo en el que se aplicarán estas medidas están por acordarse.

Sí hay coincidencia en que solo se aplicará a hogares en los que los servicios sociales determinen una situación de vulnerabilidad. Este es un requisito imprescindible para que la futura norma no se confunda con una validación de otras formas de ocupación ilegal de viviendas. A Transportes le preocupa que una regulación demasiado laxa al respecto cree “inseguridad jurídica” y esta redunde en que algunos propietarios retiren casas del mercado de arrendamiento, lo que reduciría una oferta ya de por sí escasa en algunas ciudades.

También hay quórum en que deben ser las comunidades autónomas las principales responsables de poner sobre la mesa esas alternativas habitacionales. La mayoría de competencias de vivienda están transferidas y son estas las que gestionan los parques públicos. España, con solo un 2,5% de vivienda social, tiene uno de los parques más escasos de Europa, lo que complica la solución al problema. Pero el Gobierno recuerda que recientemente se modificó el plan estatal para reforzar este aspecto y se han dotado fondos especiales por la covid que de momento solo han puesto en marcha unas pocas autonomías (Andalucía, Comunidad Valenciana, Murcia y Extremadura).

“Nos hemos acercado mucho”, valoran las citadas fuentes de Transportes, que creen que en la hipótesis más optimista el acuerdo podría cerrarse este mismo miércoles. La otra fuente consultada apunta sin embargo a lo que todavía queda por definir como prueba de que el pacto aún puede envenenarse. Y recuerda que el decreto debe incluir también medidas para evitar el corte de suministros básicos (agua, luz, gas), para lo que se llevan en paralelo conversaciones entre representantes de Unidas Podemos y del Ministerio de Transición Ecológica, dirigido por la socialista Teresa Ribera.