José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el 9 de octubre en una rueda de prensa en Las Palmas de Gran Canaria.
José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el 9 de octubre en una rueda de prensa en Las Palmas de Gran Canaria.Europa Press / Europa Press

El proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2021 presentado por el Gobierno este miércoles recoge entre sus líneas la creación de un fondo público de pensiones en el plazo de un año. Una iniciativa del Ejecutivo para promover el ahorro que complemente la futura pensión. Especialmente pensado en aquellos que no tienen acceso a los planes de pensiones privados como los empleados de grandes empresas. Por ejemplo, permitirá acogerse a autónomos, pequeñas y medianas empresas y a trabajadores del sector público, entre otros.

“En el plazo máximo de 12 meses, el Gobierno presentará un proyecto de ley sobre fondos de pensiones públicos de empleo en el que se atribuya a la Administración General del Estado capacidad legal para su promoción”, señala el proyecto de cuentas públicas en la disposición adicional cuadragésima. La titularidad de este gran fondo será pública y la gestión privada, como adelantó El Mundo, aunque con un sistema de control definido. De esta forma, se sigue el camino marcado desde el inicio por el Pacto de Toledo que recomienda estimular el ahorro privado para complementar la pensión pública.

Sobre la adhesión a estos fondos, el texto señala que podrán acogerse “los planes de pensiones del sistema de empleo de aportación definida para la jubilación que así lo establezcan en sus especificaciones”. También los planes de pensiones de la modalidad de empleo que no determinen un fondo de pensiones específico concreto. “Igualmente, estos fondos de pensiones públicos podrán canalizar inversiones de otros fondos de empleo que así lo decidan con un nivel de gastos que incentive la competencia en el sector”, añaden los Presupuestos. Es decir, se habilitarán instrumentos para que los trabajadores puedan migrar su plan individual al colectivo que les ofrezca su compañía dentro del nuevo fondo público, así como planes ya existentes de empresas que prefieran este plan estatal.

Sobre el proceso de selección de las entidades gestora y depositaria, recogen las cuentas que “se hará a través de concurso competitivo abierto”. Y estará regido por una comisión de control. “La política de inversiones del fondo de pensiones, aprobada por la comisión de control, se hará constar en escritura pública y no podrá ser modificada, salvo con autorización expresa otorgada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones”, señalan los Presupuestos de 2021.

Además, el departamento que dirige José Luis Escrivá tendrá “derecho de veto en relación con las decisiones de la comisión de control del fondo que afecten a la estrategia de inversión, así como a la sustitución de las entidades gestora y depositaria”. Es decir, el Ministerio de Seguridad Social podrá marcar o modificar el camino del fondo de pensiones público.

Por último, recoge la disposición adicional, “se regularán procedimientos simplificados para la integración de los planes de pensiones de empleo en los fondos de pensiones públicos de empleo” y “podrá preverse la integración de planes de pensiones asociados de trabajadores autónomos”. De esta forma, se trata de dar cabida en estos planes a los trabajadores autónomos o de pequeñas y medianas empresas, que por su tamaño no tienen acceso a fondos privados como sí pueden hacer los de grandes empresas.