El Banco de España ha impuesto al ex director general de Avalmadrid, Juan Luis Fernández-Rubíes, a varios exconsejeros, a la Cámara de Comercio de Madrid y a la propia entidad con multas que ascienden a 232.050 euros, según ha informado el propio regulador. En todos los casos, el organismo dirigido por Pablo Hernández de Cos falla que han cometido una falta “grave” por incumplir las normas de control.

La sanción más alta la recibe la propia Avalmadrid, a la que se impone una sanción de 95.000 euros. Según el propio Banco de España, este castigo ya sería firme. Por su parte, quien fuera director general tendrá que afrontar el pago de 45.000 euros por una multa que es firme en la vía administrativa. También lo es la sanción de 33.250 euros impuesta al Banco Santander, “en su condición de socio universal del Banco Popular”, y la de Pedro Irigoyen. Ambos fueron consejeros de la sociedad de garantía recíproca.

En el caso de la Cámara de Comercio de Madrid, a quien le correspondía un asiento en el consejo de Avalmadrid, la sanción ha sido rebajada en un 20% “por pago voluntario”, con lo que la cantidad se queda en 38.400 euros. No obstante, esta decisión está recurrida judicialmente. Lo mismo ocurre con Juan Pablo Lázaro, también exconsejero. El expresidente de la patronal madrileña, CEIM, ha pagado ya 10.400 euros, por lo que se le ha reducido la sanción. Sin embargo, la resolución del Banco de España está recurrida ante los tribunales.

El procedimiento que ha acabado con estas sanciones estas sanciones comenzó en 2012, cuando los inspectores del Banco de España constataron que Avalmadrid debía proceder a una política crediticia que redujera el riesgo y a mejorar el seguimiento que hacía de ese riesgo. Eso provocó una respuesta por carta de la entidad autonómica comprometiéndose a subsanar esos aspectos. Esto no sucedió como muestra el pliego de cargo del banco central.

En ese documento, al que accedió EL PAÍS, se describía que “la revisión de riesgos no siempre se efectúa con la periodicidad establecida en el Manual de Seguimiento de Riesgos” o que “con frecuencia los informes de seguimiento son deficientes para explicar la situación actual y evolución del negocio avalado (…)”. “No se recogen aspectos relevantes para concluir sobre la capacidad de pago del socio, tales como [la] comparación detallada entre los flujos de caja generados y previstos con los pagos a los que ha de hacer frente”, sigue. “En los informes de seguimiento no hay decisiones y conclusiones claras, incluso en los casos en que se constata un deterioro evidente del avalado”, abunda.

La gestión de Avalmadrid ha provocado una comisión de investigación en la Asamblea madrileña, que ha indagado, entre otras cosas, por el aval que este ente semipúblico concedió al padre de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso para un préstamo que luego no devolvió.

La decisión del Banco de España ha provocado la reacción de los partidos de la oposición. “Nosotros siempre hemos creído que esas malas prácticas estaban vinculadas al tráfico de influencia con empresarios y personas vinculadas al PP y al Gobierno de la Comunidad. Esto es lo que creemos y que se puede demostrar en la comisión (de Avalmadrid)”, ha sostenido Pilar Sánchez Acera, portavoz adjunta del PSOE en la Asamblea.

“Ya no solo es la oposición quien lo dice, sino que ahora lo dice el Banco de España y con una resolución ya en firme que afirma que Avalmadrid ha sido durante años utilizada de forma irregular por directivos del PP con dinero público”, ha atacado Tito Morano, de Unidas Podemos.