El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, en Bruselas.
El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, en Bruselas.JOHANNA GERON / AFP

Hace una década Jean–Claude Piris, el jurisconsulto del Consejo de la Unión Europea, escribió un luminoso libro The Lisbon Treaty (El Tratado de Lisboa), en el que explicaba los sucesivos avances del proyecto europeo. Quizá entonces muchos lectores se sorprendieron de la perspectiva profundamente humanista de la idea de Europa que transpiraba el texto, explicada por un jurista de la categoría del autor.

Para Piris “una característica sorprendente del Tratado de Lisboa es que está profundamente arraigado en los derechos humanos como lo fue el fallido Tratado de la Constitución”. Y citaba las palabras del economista estadounidense Jeremy Rifkin, que en El sueño europeo había expresado que “gran parte de la Constitución (Europea) gira en torno a la cuestión de los derechos humanos fundamentales. Cabe decir que los derechos humanos son el corazón y el alma del documento”.

Este tipo de manifestaciones han sido desvalorizadas con frecuencia por considerarlas exageraciones retóricas tan frecuentes en los discursos de la Unión. Sin embargo, en los últimos tiempos vemos como los incumplimientos del Estado de derecho en Polonia y Hungría ya no se limitan a una cuestión de un lenguaje más o menos enfático sino que pueden tener serias consecuencias políticas y económicas.

De entrada, ambos países son los únicos que tienen procedimientos abiertos por infracciones del Estado de derecho. Lo novedoso ahora es que los incumplimientos en materias como la independencia judicial, la libertad de los medios de comunicación, la corrupción, el respeto al derecho europeo y la calidad de los procesos legislativos, pueden acarrear la pérdida de fondos europeos. Polonia y Hungría fueron los mayores receptores netos de la UE con 12.300 y 5.200 millones de euros, respectivamente en 2018.

Por impulso del Parlamento Europeo la Unión está elaborando un mecanismo para congelar los fondos europeos a los países que vulneren el Estado de derecho. La iniciativa ha provocado el rechazo de Varsovia y Budapest que amenazan con bloquear el fondo de recuperación de 750.000 millones de euros y la oposición de Holanda, Austria, Dinamarca y Suecia, que ya lo habían obstaculizado todo lo posible.

La presidencia alemana de la Unión trata de buscar un punto de acuerdo para salvar el fondo de recuperación limitando las sanciones. Con independencia del resultado final lo relevante es que por primera vez la defensa del Estado de Derecho deja de ser una cuestión retórica y forma parte del debate del reparto del dinero de los contribuyentes europeos.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha sido categórica al condenar las “zonas libres de LGBTQI” creadas en Polonia. “Las zonas LGBTQI”, dijo, “son zonas sin humanidad y no caben en nuestra Unión”.

El debate actual devuelve Europa a los orígenes del proceso de integración “concebido de entrada como un ejercicio político y no simplemente económico, desde 1951”, como dijo Günter Burghardt, director general de Relaciones Exteriores de la Comisión. La profundidad de esta crisis es una oportunidad para devolver a Europa a sus verdaderos orígenes.