noviembre 1, 2020
Un hombre en bici por Santiago de Chile dos días antes del referéndum del pasado 25 de octubre.
Un hombre en bici por Santiago de Chile dos días antes del referéndum del pasado 25 de octubre.PEDRO UGARTE/AFP/GETTY IMAGES

Chile se ha enfrentado a dos fuertes golpes en los últimos 12 meses. Hace un año, en octubre de 2019, explotó en forma de protesta una crisis social y política. El país venía de un crecimiento de un 4%, pero la economía se vino abajo el cuarto trimestre con las revueltas y el resultado fue apenas de un 1,1% de expansión anual. Aunque se recuperó pronto, en marzo surgió la pandemia de la covid-19, que ha provocado ya 14.118 muertes. El PIB se desplomó un 14% en el segundo trimestre de 2020 —no ocurría un batacazo de esas dimensiones desde 1982— y dos millones de personas perdieron su trabajo. Aunque la actividad en Chile ha comenzado una lenta recuperación, este año la caída económica será del 5,5%, según el Ministerio de Hacienda. El plebiscito del domingo pasado, donde ganó rotundamente la opción de reemplazar la Constitución vigente, redactada en 1980, en la dictadura de Augusto Pinochet, instala a la economía chilena en un punto de inflexión. Puede ser el paso definitivo al desarrollo o una caída al estancamiento.

“La situación es incierta. El país puede descarrilar y entrar en una trayectoria de poco crecimiento, populismo, debilidad fiscal y de vuelta a la mediocridad de América Latina. Es una opción que no podemos descartar si se lleva adelante un proceso constituyente que haga promesas que no se cumplan”, opina José de Gregorio, decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile y expresidente del Banco Central (2007-2011). “Pero también hay una posibilidad de que construyamos un marco constitucional que nos una y nos permita profundizar la democracia y avanzar en direcciones que, o no estábamos avanzando o íbamos muy lentos. Dentro de un contexto de una economía que crece y que tiene incentivos y espacios para el crecimiento económico”, añade. Para De Gregorio, las posibilidades de una u otra opción son “50% y 50”. “Quiero que haya un buen futuro, pero no puedo asegurarlo, porque no sabemos cómo será el desarrollo de la política”.

El próximo 11 de abril se elegirán los 155 miembros de la Convención Constitucional que, durante nueve meses —prorrogables hasta el año— redactarán la Carta Magna. Serán necesarios dos tercios para aprobar el texto, por lo que se tendrá que llegar a grandes acuerdos. Se tocarán asuntos sustantivos, tales como el sistema de gobierno y los derechos sociales. Como tarde, en junio de 2022 debería finalizar el trabajo y, luego, se celebraría un nuevo plebiscito para ratificar la nueva Constitución. Chile estará dos años en un proceso constituyente que se realizará en paralelo a elecciones municipales, de gobernadores, parlamentarias y presidenciales.

“Viene un camino duro por delante, con tensiones, pero creo que hay oportunidades”, dice De Gregorio. “Chile necesita cambiar hacia un sistema con mayor seguridad social y si a eso le llamamos fin al neoliberalismo de Chicago, sí. Eso cambió. Necesitamos en materia de salud, educación y pensiones un país más integrado, aunque esto no significa que vamos a abandonar el sistema capitalista, ni que debiéramos dejar la responsabilidad fiscal ni la responsabilidad macroeconómica y nuestra apertura e inserción al resto del mundo”, matiza.

Existen al menos tres hitos que marcan la macroeconomía y que, probablemente, influirán a medio plazo, según Alejandro Fernández, economista y socio de la consultora Gemines. El primero es la importante disminución del crecimiento económico a partir de 2014, durante el segundo Gobierno de Michelle Bachelet. “Este período se caracteriza por un crecimiento extremadamente bajo, de menos de 2%, que no tenía precedente en muchos años en Chile”. Este experto recuerda la reforma tributaria impulsada por aquella Administración como una de las tantas causas del estancamiento, y señala que el bajo crecimiento colaboró a que en Chile se produjera el estallido social del pasado año. “Chile no es el mismo de antes de octubre de 2019”.

Fernández enumera la pandemia como segundo factor clave y, en tercer lugar, el cambio constitucional. “La reforma legal aporta su propia cuota de incertidumbre a todo lo que viene, al menos hasta mediados de 2022”, dice el economista. “Resulta difícil pensar que alguien en su sano juicio invertirá mucho mientras no se aclare el panorama de mediano y largo plazo”, añade. “Incluso si se asume que la nueva Constitución será fantástica —que no cambia lo bueno que tiene la actual y mejora sus debilidades— y la valida todo el país, el gran desafío de Chile desde 2022 en adelante es recobrar el crecimiento”. Es un asunto que repiten una y otra vez diferentes expertos. “Si este país no vuelve a crecer en torno al 4% promedio anual —o al menos 3% o 3,5%— puedes tener la Constitución más perfecta del mundo, pero no vas a tener con qué satisfacer las demandas que se incrementaron con la crisis de octubre de 2019 y que probablemente van a surgir del nuevo diseño institucional”, analiza Fernández.

Para retomar la senda del crecimiento, según De Gregorio, resulta clave la integración. “Tal vez uno de los problemas que ha limitado nuestra fase de crecimiento son los niveles de desintegración social. ¿Cuántos niños que nacen y tienen una educación de calidad mediocre se pierden la oportunidad de ser profesionales o técnicos y de participar en el proceso del progreso?”, se pregunta.

Rodrigo Vergara, expresidente del Banco Central (2011-2016), dice que tantos años de crecimiento bajo es un problema y un desafío: “Resulta fundamental incrementar la productividad para crecer en el largo plazo”. El académico, sin embargo, se considera “optimista” con el proceso constituyente que ha arrancado en Chile: “Hoy tenemos una Constitución que nos divide. Pero se abre una oportunidad de lograr una carta fundamental que tenga una aceptación y todos se sientan partícipes. No tengo por qué pensar que lo vamos a hacer mal. Los chilenos son moderados, más allá de la polarización del mundo político”. Vergara, sin embargo, también reconoce riesgos: “Vamos a estar los próximos dos años discutiendo sobre los temas constitucionales y no me sorprendería que aparecieran ideas poco razonables que generen incertidumbre y afecten la economía y la inversión”.

Según el académico de la Universidad Católica, Chile logró afrontar los dos grandes golpes del último año —la crisis social y la pandemia— “gracias a que tenía una posición fiscal muy sólida”. “Fueron años de prudencia y austeridad. Por lo tanto, hay espacio para gastar y endeudarse. El déficit fiscal este año se estima que va a llegar al 8% o 9% del PIB y el Estado tiene abierto los mercados y puede financiarse a las tasas más bajas de América Latina”. Vergara recuerda que las arcas fiscales “no son eternas y tienen sus límites” y calcula que la deuda pública subirá y que en 2023 podría llegar al 45% del PIB. “Es un aumento importante, pero todavía moderado”, asegura este experto que destaca que, junto a los paquetes fiscales por 12.000 millones de dólares inyectados en la pandemia, los tipos de interés, próximos al 0%, también dan soporte.