La vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha pedido este lunes el apoyo al pequeño comercio y a la hostelería de una forma especial. “Hoy tenemos aquí a grandes empresas familiares representándola, pero la empresa familiar también es el pequeño comercio, y estas Navidades vamos a tener que mostrar todos nuestro compromiso personal con este pequeño comercio que es la vida de nuestras ciudades y depende del comportamiento de todos nosotros como ciudadanos y consumidores. Es también la hostelería, que estos días está siendo particularmente afectada por la pandemia, y es un sector que es capital al que seguiremos encontrando los instrumentos para apoyarle”, ha declarado durante su intervención en la clausura del XXIII Congreso de la Empresa Familiar.

Calviño ha destacado la importancia de este colectivo empresarial, que supone el 70% del empleo y el 90% de las empresas del país, “no solo como el motor de crecimiento” de la economía, sino también como “el alma y el corazón de nuestro país”. “La empresa familiar tiene un papel absolutamente clave; todos los inversores son bienvenidos, pero la empresa familiar invierte permanentemente, está comprometida con nuestro tejido social, con los trabajadores, y tiene una perspectiva a largo plazo que es imprescindible para construir el país. Por eso, transmito mi respeto”, ha subrayado.

La vicepresidenta se ha detenido en los Presupuestos Generales del Estado que ha abordado el Consejo de Ministros este mismo martes. Los ha definido como el mejor arma para moovilizar la colaboración con el sector privado y afrontar la recuperación económica e impulsarla. “No se pueden tener unos Presupuestos de 2017 prorrogados porque no tienen nada que ver con la actualidad, ahora tenemos que trazar la hoja de ruta por donde queremos ir, que es la transformación digital, la transición ecológica, la educación, la innovación la ciencia…», ha manifestado señalando las inversiones a las que se van a dedicar los fondos europeos.

Calviño ha explicado que el proyecto incluye “ajustes” de impuestos existentes y nuevas figuras en línea con la política medioambiental, con un nuevo impuesto a los plásticos, los residuos y la reducción de la bonificación extraordinaria que había para el diésel, así como la creación de impuestos de transacciones financieras y servicios digitales.

Además, ha precisado que se limitarán las exenciones del Impuesto de Sociedades y que España se alineará con el resto de países europeos al pasar de una bonificación del 100% al 95% en el reparto de dividendos procedentes de filiales en el extranjero. En esa medida habrá una excepción para las empresas que facturen menos de 50 millones de euros durante los tres primeros años. «Esa bonificación incentiva la internacionalización en la primera fase, pero pasada la decisión de salir a mercados internacionales, no tenía un impacto tan significativo”, ha explicado.

Asimismo, la vicepresidenta ha reseñado que el Gobierno prepara un Real Decreto-ley que dé un marco para encauzar la colaboración público-privada de la manera más eficiente posible. Según ha dicho, esta colaboración puede ser hacerse a través de consorcios o de ayudas y subvenciones, otro tipo de instrumentos financieros o aprovechando las sinergias con el sector financiero. “Hemos visto a través de los avales del ICO que la buena colaboración permite canalizar esas inversiones”, ha aclarado la ministra, que ha añadido que “en cada proyecto tendremos que colaborar de la forma más eficaz con el sector privado”, en referencia a los fondos de reconstrucción comprometidos por Bruselas.

“Veo esa voluntad por su parte cuando hablamos de transformación ecológica o de digitalización. Tenemos que ver cómo podemos articularlo de la manera más constructiva y positiva posible. Espero que en una semana y y hasta final de año tener más claridad en los detalles porque es un trabajo que vamos construyendo hablando con Europa, con el sector privado y con las distintas Administraciones para ponerlo todo en pie y poder empezar el 1 de enero”, ha explicado.

“Que se escuche a la empresa”

El presidente del Instituto de la Empresa Familiar (IEF), Marc Puig, ha ofrecido el apoyo del colectivo al Gobierno y ha pedido que se les escuche. Se ha preguntado si «no deberíamos crear las condiciones que colocasen a España como el país donde más se facilitase el desarrollo de las empresas y más se protegiese al tejido industrial, si somos el país que más va a sufrir la crisis y más paro tiene y más paro va a generar”.

A su juicio, “la agenda del Gobierno debería focalizarse en este esfuerzo y dejar otras prioridades para otros momentos. Aparquemos algunas iniciativas legislativas que solo ponen más trabas a la empresa y prioricemos la protección del tejido empresarial, por lo menos mientras nuestros niveles de desempleo superen ciertos umbrales preestablecidos. De lo contrario, seguiremos liderando los ránkings de país más afectado y con más paro en Europa, irreversiblemente. Y el paro, entre otras cosas, recordemos, es el principal generador de desigualdad”, ha remarcado el presidente del IEF.