noviembre 1, 2020
Una persona camina frente a una casa de cambio, en Buenos Aires (Argentina).
Una persona camina frente a una casa de cambio, en Buenos Aires (Argentina).Juan Ignacio Roncoroni / EFE

La negociación entre Argentina y sus acreedores privados fue una anomalía. Una regla no escrita, pero fielmente respetada, dice que los países en cesación de pagos primero arreglan sus asuntos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y luego se las ven con los tenedores de sus bonos. El primero, se entiende, impone un plan económico que garantice el pago; los segundos esperan su turno, confiados en que el trabajo previo del FMI les cuidará las espaldas. El Gobierno de Alberto Fernández rompió ese esquema. En el inicio de su mandato, en diciembre pasado, pateó hacia adelante la reestructuración de la deuda con el FMI y se enfrascó en sacar del default bonos por 68.000 millones de dólares en manos de los inversionistas privados. Funcionó.

El acuerdo entre Argentina y los tenedores se retrasó hasta agosto cuando se esperaba que estuviera listo en marzo. El presidente Fernández puso al frente de la estrategia argentina a Martín Guzmán, un joven discípulo del Nobel de Economía Joseph Stiglitz que repatrió desde la Universidad de Columbia. En marzo, cuando se iniciaba el diálogo, estalló la pandemia. El Gobierno cerró la economía y los indicadores se derrumbaron. Guzmán reconoció entonces que los plazos previstos serían difíciles de cumplir porque negociar por videoconferencia con los lobos de Wall Street era “más complicado que hacerlo cara a cara”. Argentina suspendió pagos formalmente en mayo, cuando no canceló los vencimientos de los bonos que había heredado de la gestión de Mauricio Macri. Fue el noveno default de su historia financiera.

Dos meses después, a finales de julio, la negociación se empantanó. Los grandes grupos de acreedores, liderados por BlackRock, la mayor sociedad inversora del planeta, presentaron una oferta “definitiva” de 56 dólares por cada 100. Guzmán se mantuvo en 53 dólares por cada 100. El presidente Fernández consideraba que la pandemia había empeorado el poder de pago de Argentina y no quería ceder. Amenazó incluso con suspender las conversaciones y dedicarse a renegociar con el FMI, al que el país adeuda los 44.000 millones de dólares que dio como salvavidas a Mauricio Macri.

La Casa Rosada agitaba los fantasmas del default de 2001, hasta que intercedió Cristina Kirchner. La vicepresidenta Kirchner padeció en su Gobierno una maraña de pleitos con un pequeño grupo de bonistas que no se adhirieron al canje de 2005 (los llamados fondos buitre) y aconsejó a Fernández no caer otra vez en la cesación de pagos. Una nueva crisis económica, dijo, sería catastrófica sin acceso al crédito internacional. Guzmán, entonces, mejoró la oferta. Anticipó vencimientos, facilitó la conversión a bonos en dólares de los bonos emitidos en euros y aceptó exigencias de los acreedores en cuanto a las condiciones legales de los papeles reestructurados. El 4 de agosto las partes llegaron al pacto y el 31 de agosto, Guzmán dijo que el 93,5% de los acreedores lo había aceptado, porcentaje que sube al 99% por las cláusulas de acción colectiva.

Después de seis meses de negociaciones, Argentina había logrado canjear por nuevos bonos una deuda de casi 68.000 millones de dólares, con menores intereses (del 7% al 3,07% anual en promedio) y vencimientos más largos. El país ahorrará gracias a ello unos 37.000 millones de dólares, según Guzmán. El Gobierno de Fernández se adentra ahora en otra negociación difícil con el FMI. En 2018, el organismo otorgó a Argentina el mayor préstamo de su historia: 67.000 millones de dólares de los que llegó a pagar 44.000 millones. Las líneas quedaron interrumpidas cuando el recrudecimiento de la crisis hizo evidente que el Gobierno de Macri no podría cumplir con los plazos acordados.

Las conversaciones anteriores entre Argentina y el Fondo siempre fueron tensas. Pero la llegada de Kristalina Georgieva a la dirección del organismo y las urgencias de la pandemia auguran, al menos esta vez, menos asperezas. El director del Fondo para América Latina, Alejandro Werner, declaró a EL PAÍS que el diálogo está en marcha. Y advirtió que Argentina necesita un plan y un acuerdo para estabilizar su economía, recuperar reservas internacionales y sostener el peso. “En la medida en que los anuncios de política y los programas estén ahí, además de la certeza de cerrar una negociación con el FMI, permitirán a Argentina ir saliendo de este problema. Con más confianza se puede avanzar hacia una estructura menos de manejo de crisis, y más de crecimiento y sostenibilidad”, dijo. El FMI no admite por estatuto una quita de capital de deuda, pero si extensión de plazos para pagar. A eso apuesta Argentina.